Ibrahim Velutini Sosa

Pocas discusiones económicas generan tanto consenso emocional y tanto desacuerdo técnico como la dolarización. Para un país que ha vivido la hiperinflación más severa y prolongada de la historia moderna de América Latina, la idea de «adoptar el dólar y listo» resulta comprensiblemente atractiva. 

Pero la evidencia comparada —Panamá, Ecuador, el Caribe, y los fracasos evitados de economías industriales como Colombia o Brasil— sugiere que la dolarización no es una política, sino una renuncia a tener política monetaria propia.

Y esa renuncia solo funciona bien bajo condiciones estructurales muy específicas que Venezuela, hoy, no cumple.

¿De qué estamos hablando exactamente?

Conviene separar tres fenómenos que se mezclan en el debate público:

1. Dolarización oficial o de jure: el dólar sustituye legalmente a la moneda nacional como curso legal (Panamá, Ecuador, El Salvador).
2. Dolarización de facto: la moneda nacional sigue existiendo legalmente, pero una porción creciente de las transacciones se realiza en dólares por decisión espontánea de la población. Esto es, precisamente, lo que ocurre hoy en Venezuela.
3. Convertibilidad o anclaje rígido: el país conserva su moneda pero la ata por ley a una divisa fuerte con un tipo de cambio fijo (fue el caso argentino en los noventa) o crea una unidad de cuenta indexada a la inflación, como la UF chilena, que no es una moneda paralela sino un mecanismo de indexación de contratos.

Venezuela ya vive, en la práctica, una dolarización parcial no planificada.

Según cifras recientes, la inflación anualizada del país sigue entre las más altas del mundo —estimaciones de 2026 la ubican en un rango que va de poco más de 190% hasta cerca de 600-665% según la metodología y la fuente, dado que el Banco Central de Venezuela publica sus cifras con rezago y coexisten mediciones alternativas (OVF, Ecoanalítica, Steve Hanke de Johns Hopkins). 

Esa misma inestabilidad ha empujado a una parte importante de las transacciones urbanas a realizarse directamente en dólares, sin que exista ninguna ley que lo ordene.

Los casos que se citan a favor

Panamá es el ejemplo favorito de quienes defienden la dolarización, pero es también el más engañoso si se copia sin matices. 

Panamá dolarizó en 1904, prácticamente al nacer como república, y desde entonces ha construido su economía alrededor de servicios transables: el Canal, la banca internacional, la Zona Libre de Colón, logística y reexportación. 

No tiene una industria manufacturera doméstica que necesite competir en tipo de cambio con sus vecinos, así que la ausencia de política monetaria propia casi no le cuesta nada. Es, en el fondo, un caso de éxito construido sobre un modelo productivo que ya no dependía del manejo del tipo de cambio.

Ecuador dolarizó en el año 2000 en medio de una crisis bancaria y cambiaria severa, y logró frenar una hiperinflación incipiente casi de inmediato. 

Pero el éxito ha sido parcial: Ecuador conserva industria y agroexportación que compiten con países que sí devalúan sus monedas (Colombia, Perú), lo que ha significado pérdidas de competitividad recurrentes en ciclos de dólar fuerte, y el país ha tenido que compensar con endeudamiento externo, recortes fiscales dolorosos y, más recientemente, apoyo del FMI. 

Ecuador ganó estabilidad de precios pero pagó con menor margen de maniobra ante shocks externos.

El esquema caribeño (el dólar del Caribe Oriental, EC$, usado por ocho países agrupados en la ECCB, o directamente el dólar estadounidense en islas como las Islas Vírgenes o Turcas y Caicos) funciona porque son economías pequeñísimas, altamente dependientes del turismo, con bancos centrales regionales que gestionan reservas en común y sin ambición de tener una industria exportadora propia que compita en precio. 

Es, de nuevo, el mismo patrón: economías de servicios, no de bienes transables industriales.

El contraste que importa: economías con industria propia

Aquí está el punto que correctamente señalas: Colombia y Brasil no dolarizan porque no podrían permitírselo sin destruir su aparato productivo.

Ambos países tienen sectores manufactureros, agroindustriales y exportadores que compiten directamente entre sí y con terceros mercados. 

Cuando el real brasileño o el peso colombiano se deprecian, sus exportadores ganan competitividad relativa; si estuvieran dolarizados, perderían esa válvula de ajuste y cualquier shock de términos de intercambio (caída del precio del café, la soya o el petróleo) golpearía directamente el empleo y la producción, sin ningún amortiguador cambiario.

Venezuela, en teoría, pertenece más a esta segunda categoría que a la primera: aunque su aparato industrial está hoy muy deteriorado, el país no es una economía de servicios como Panamá ni una isla turística caribeña. 

Tiene —o tuvo— manufactura, agroindustria y, sobre todo, una economía petrolera cuyos ingresos fluctúan con el precio internacional del crudo.

Dolarizar significaría atarse a la política monetaria de la Reserva Federal precisamente en un país cuyos ingresos externos dependen de un commodity volátil que Estados Unidos no necesariamente gestiona pensando en el interés venezolano.

La alternativa chilena: indexar sin dolarizar

El caso que menciono de Chile es, de hecho, el contraejemplo más interesante en la región. 

Chile conserva el peso como moneda de curso legal y mantiene su propio Banco Central con política monetaria autónoma, pero desarrolló la Unidad de Fomento (UF), una unidad de cuenta que se ajusta diariamente según la inflación y que se usa para créditos hipotecarios, arriendos y muchos contratos de largo plazo.

La UF no reemplaza al peso: coexiste con él y resuelve el problema específico de que los contratos de largo plazo pierdan sentido cuando hay inflación, sin que el país tenga que renunciar a su tipo de cambio ni a su política monetaria. 

Es una solución de ingeniería contractual, no monetaria, y presupone algo que Venezuela tampoco tiene todavía: un banco central creíble y series estadísticas confiables sobre las cuales indexar.

Ventajas que citan quienes apoyan la dolarización

• Ancla nominal inmediata: elimina de un plumazo la posibilidad de financiar el gasto público con emisión monetaria, porque ya no existe una moneda nacional que imprimir.
• Credibilidad importada: en un país donde ninguna institución goza de confianza, «importar» la credibilidad de la Reserva Federal puede ser más rápido que reconstruir la del Banco Central de Venezuela desde cero.
• Protección del ingreso real de los trabajadores: los salarios dejarían de licuarse mes a mes por la devaluación, un problema que ha sido devastador en Venezuela, donde el poder de compra de los sueldos públicos ha llegado a niveles ínfimos.
• Reducción de costos de transacción: desaparece la necesidad de calcular constantemente en una segunda moneda, algo que la población venezolana ya hace de manera informal.

Desventajas y riesgos que no deben minimizarse

• Pérdida total de política monetaria propia: sin banco central emisor, Venezuela no podría bajar tasas para estimular la economía en una recesión ni devaluar para amortiguar una caída del precio del petróleo. Quedaría a merced de decisiones tomadas en Washington con otros objetivos.
• No resuelve la disciplina fiscal, solo la disfraza: la dolarización elimina la opción de financiar el déficit con la maquinita, pero si el gasto público sigue siendo insostenible, el ajuste tendrá que hacerse con deuda, impuestos o recortes, no con inflación. El historial fiscal venezolano ha sido de los más indisciplinados del continente, y dolarizar sin resolver ese problema de fondo solo cambia la forma en que se manifiesta la crisis, no su causa.
• Sin prestamista de última instancia: un sistema bancario dolarizado sin banco central que emita en la misma moneda queda expuesto a corridas bancarias sin respaldo doméstico, como mostró la crisis ecuatoriana de 1999.
• Vulnerabilidad estructural para una economía petrolera: dolarizar ata el costo de vida interno a una moneda fuerte mientras los ingresos de exportación siguen dependiendo de un commodity volátil; cuando cae el precio del petróleo, el ajuste tiene que hacerse vía salarios y empleo, no vía tipo de cambio.
• Requiere reservas que hoy no existen: una dolarización ordenada exige suficientes dólares para respaldar la base monetaria en circulación y sostener el sistema financiero durante la transición, algo que en el contexto actual de reservas internacionales limitadas y activos venezolanos en disputa judicial en el exterior es, como mínimo, incierto.
• Cambios legales y constitucionales profundos: como han señalado economistas venezolanos recientemente, una dolarización formal requeriría modificar el marco legal —posiblemente la Constitución— para eliminar el bolívar como moneda de curso legal, algo que hoy no cuenta con consenso político ni ha comenzado a discutirse formalmente.

El caso venezolano concreto

Lo interesante del momento actual es que Venezuela ya transita, sin haberlo decidido formalmente, una suerte de dolarización espontánea de facto que ha ayudado a frenar la espiral hiperinflacionaria de 2017-2022, aunque sin resolver los problemas estructurales de fondo. 

Esa dolarización informal ha traído cierta previsibilidad para empresas y consumidores urbanos, pero también ha ampliado la brecha entre quienes reciben ingresos en dólares (por exportación, remesas o empleo en sectores dolarizados) y quienes siguen atados a un bolívar que se sigue devaluando.

Esto sugiere una lectura poco cómoda pero probablemente más honesta que el debate binario «dolarizar sí / dolarizar no»: el problema de fondo no es la moneda, es la disciplina fiscal y la calidad institucional. 

Panamá no tiene inflación baja porque tenga dólares; tiene dólares porque no necesita imprimir para financiar un Estado que gasta lo que no tiene. 

Ecuador logró estabilidad de precios pero sigue pagando el costo de no poder ajustar su tipo de cambio ante shocks. 

Chile no necesitó renunciar a su moneda porque construyó instituciones fiscales y monetarias creíbles.

Conclusión

La dolarización formal podría darle a Venezuela una victoria rápida y visible contra la inflación, algo con enorme valor político y social después de una década de destrucción del poder adquisitivo. 

Pero el riesgo real es que se convierta en un sustituto de la disciplina fiscal en lugar de un complemento de ella. 

Sin reformas profundas del gasto público, sin reconstrucción del aparato productivo no petrolero y sin una estrategia realista para una economía que seguirá dependiendo del petróleo, dolarizar podría simplemente cambiar la forma en que se manifiesta la crisis —de inflación a desempleo y pérdida de competitividad— en lugar de resolverla. 

La lección de Panamá, Ecuador, el Caribe y Chile no es «dolariza y todo se arregla», sino que cada uno de esos casos funcionó (o funcionó a medias) por razones estructurales muy particulares que Venezuela tendría que replicar, y que van mucho más allá de cuál es el nombre de la moneda que aparece en los billetes.

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